La mañana del martes 25 de septiembre de 2018, un centenar de militares, marinos, federales y policías estatales tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Tenían sospechas de que grupos delictivos habían infiltrado a la policía del puerto.

Durante el operativo, los soldados hicieron un hallazgo sorprendente: en la corporación faltaban 342 armas de un total de mil 771 que formaban parte de su arsenal; no había pista del paradero del ¡19% de su armamento!

Aunque el Ejército dio un plazo de 72 horas al alcalde Evodio Velázquez Aguirre para justificar la ausencia de las armas, él solo atinó a señalar que 271 estaban denunciadas en una averiguación por robo mientras que otras 71 seguían perdidas. En la misma semana, el edil terminó su periodo de gobierno y del armamento extraviado no se supo nada más.

La historia de Acapulco se repite en varias partes de México. Entre 2006 y 2018, los cuerpos policiacos y de procuración de justicia de todo el país han reportado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el extravío o robo de 15 mil 555 armas.

Del robo de armamento ninguna corporación se salva: desde policías y fiscalías estatales hasta instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Todas estas instituciones compraron en su conjunto 355 mil 849 armas en el mismo periodo, según datos de la Sedena obtenidos por transparencia. Es decir: por cada 100 armas que adquirieron, perdieron o les quitaron cuatro.

Dentro de las corporaciones estatales, las de Guerrero viven la situación más crítica: extraviaron 16 de cada 100 armas compradas en los últimos dos sexenios.

David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, considera que “lo más probable es que esas armas se integren al mercado negro… y después el mercado negro las distribuya a los (nuevos) compradores”.

Debido a la ausencia de sistemas de información y rastreo, es difícil saber si el arsenal robado termina en manos de bandas criminales o de ciudadanos comunes que acuden al mercado negro en busca de un arma que les ayude a proteger su casa o negocio, dice Ramírez.

Sin embargo, el especialista opina que una cantidad no despreciable de estas armas terminan siendo usadas en actividades ilícitas.

Tlaxcala, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Durango completan la lista de los estados que han perdido más armas en relación a las que adquirieron en los últimos dos sexenios.

Del arsenal robado, 25% son armas largas y, 75%, armas cortas.

Del Ejército a la policía y de la policía al crimen

La mayoría de las armas de fuego que entran de forma legal a México son adquiridas por policías estatales, indica el estudio Graves violaciones de derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas a México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La Sedena es la única dependencia autorizada para distribuirlas legalmente en el país. Esta funge como intermediaria entre vendedores y compradores de armas, es decir, se encarga de adquirir el armamento que luego distribuye a los gobiernos federal y estatales, a empresas privadas y al público en general.

Cuando el usuario final pierde o le roban el arma, debe reportarlo de inmediato a la Sedena, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Entre 2010 y 2016, el Ejército entregó el 55% de las armas a gobiernos estatales, otro 23% a agencias federales y compañías privadas y el resto se vendió al menudeo al público, revela el estudio de la CMDPDH.

Las marcas que más adquiere la Sedena para comercializar son Beretta, Glock, Ceska, I.W.I. y Sig Sauer, en el caso de armas cortas. Y en el caso de armas largas, los fabricantes preferidos son Beretta, I.W.I., Colt, Bushmaster y Heckler & Koch, indicó la dependencia en respuesta a solicitudes de información.

De esta última marca eran los fusiles de asalto que policías de Iguala, Guerrero, emplearon para atacar a los normalistas de Ayotzinapa.

Una vez en los almacenes de las agencias estatales, el destino de miles es incierto porque se reportan a Sedena como extraviadas o robadas.

“Esto es un indicador de un problema mucho más grande que lleva años desatendido, que es la pobrísima capacidad que tiene el Estado mexicano para el control de armas y todo lo que esto implica en monitoreo, rastreo y capacidad de registro”, explica David Ramírez.

A diferencia de otras partes del mundo, en donde existe un control muy detallado del uso que tienen los policías de sus armas, en México no sucede así. Esto, dice el experto, vuelve más sencillo que se pierdan y más difícil que se localicen.

Una búsqueda en notas de prensa da idea de a dónde fue a parar parte de este arsenal. En julio de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León registró el robo de 57 armas. Siete meses después, seis de las armas serían localizadas en un cateo hecho por la Marina Armada de México en una vivienda de San Pedro. En el lugar también se encontraron otras armas cortas y largas, 200 cargadores, 3 mil 500 cartuchos y 3 paquetes de cocaína en polvo con valor de 400 mil dólares.

Las notas sobre armas que terminan en manos del crimen aparecen con tan solo escribir en un motor de búsqueda palabras clave como robo, armas, policía y México.

Asaltantes roban armas a la policía de Manzanillo”, “Falsos policías y militares roban patrulla y armas en Tlalnepantla”, “SSP de Querétaro denuncia robo de armas y sospecha de sus propios policías”, “¡El colmo! Delincuentes asaltan y golpean a policías (en Morelos)” son algunos de los resultados que aparecen.

También roban al gobierno federal

Y aunque en menor medida, los cuarteles de las fuerzas federales no se salvan de este fenómeno. De acuerdo con las estadísticas de Sedena obtenidas por solicitudes de transparencia, entre 2006 y 2018 la PGR reportó el robo o pérdida de mil 265 armas repartidas en diversas entidades del país, lo mismo que la Policía Federal (mil 96), el Servicio de Protección Federal (26) y el Cisen (seis).

La pérdida masiva de armas tuvo lugar en medio de la “guerra contra el narcotráfico” que inició el panista Felipe Calderón (2006-2012) y que continuó con Enrique Peña Nieto (2012-2018), misma que dio origen a una espiral de violencia en el país que aún no termina.