El gobierno federal promulgó este martes las reformas a la Constitución Política por las que se crea la Guardia Nacional, que entrará en vigor este miércoles 27 de marzo.

El Congreso de la Unión tiene 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes.

En un plazo de 90 días naturales, deberá crear las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones.

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La Guardia Nacional se constituirá a partir de este miércoles con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.

De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Pare estos nombramientos no se ha determinado un plazo en los artículos transitorios.

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Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones.

La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo de seguridad surge después de un largo y polarizado debate entre juristas, defensores de derechos humanos y sociedad civil que han advertido de los riesgos de una estrategia de seguridad que no garantice el respeto a las garantías y los derechos humanos, después de la militarización que ejercieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que detonó los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas y el número de desaparecidos en el país.