Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto se burló de ellos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se han rendido, aseguró Cristina Bautista, madre del joven Benjamín Ascencio, durante la instalación de la Comisión de la Verdad para la resolución de dicho caso.

“El presidente Peña Nieto se burló de nosotros, pero nosotros no nos callamos, seguimos aquí (...) no nos hemos rendido”, dijo la madre de familia frente autoridades y el resto de los padres de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Este martes 15 de enero, la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa quedó formalmente instalada, luego de que el 4 de diciembre se publicara el decreto en el que se ordena su creación, mismo que fue el primer documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de diciembre, dos días después de su toma de posesión.

Meses antes, en septiembre de 2018, el entonces presidente electo se reunió con los padres de familia, ante quienes se comprometió a crear dicha comisión, misma que anunció sería liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

Este martes, Encinas recitó las bases de la Comisión, misma que, explicó, estará formada por los representantes designados por los padres, expertos independientes y autoridades de seguridad.

“Vamos a castigar a los responsables sean quien sean y que estos hechos no queden en la impunidad (...) partimos de una sola premisa: la verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa", dijo Encinas este 15 de enero ante padres de familia, quienes se dijeron agradecidos con el actual gobierno federal.

“Nos han recibido sin manifestaciones, sin hacer escándolo para que nos escuchen”, aseguró Bautista.

Ya pasaron cuatro años desde la llamada noche de Iguala, cuando los tres camiones en los que viajaban un grupo de estudiantes normalistas fue atacado por policías municipales. Ya pasaron cuatro años y ni su familia ni sus compañeros los olvidan.

Debido a la gravedad de los hechos, la PGR atrajo el caso. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, difundió semanas después la versión de que los jóvenes habían sido entregados a un grupo criminal por parte de los policías y que habían sido cremados en un basurero del municipio guerrerense de Cocula.

Por la falta de pruebas y evidencias científicas, los padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron rotundamente la versión de la PGR y pidieron la intervención de organismos internacionales y autónomos para la investigación. Fue entonces cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los expertos exhibieron las contradicciones graves en la investigación de la Procuraduría, que Tomás Zerón, exdirector en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, había manipulado pruebas durante el levantamiento de la investigación en el río San Juan de Cocula y denunciaron los bloqueos desde el gobierno federal para no interrogar a elementos del Ejército.