En los primeros dos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los delitos de extorsión, secuestro y feminicidios han aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior y la estrategia para pacificar al país no parece ser diferente a la de gobierno anteriores.

Con las cifras disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revisamos los delitos reportados por las fiscalías de cada estado y se registró un alza en los de mayor impacto.

Si bien en dos meses difícilmente se puede revertir una tendencia de 12 años, quienes estudian el comportamiento del crimen organizado y los delitos de alto impacto no ven señales de un cambio en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.

La inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, según el Inegi, y estas son las cifras de las víctimas de delitos del fuero común durante los diciembre 2018 y enero 2019 y su variación con respecto al mismo periodo del año anterior:

  • Homicidio doloso: 5 mil 699 víctimas, 548 casos más (11%)
  • Feminicidios: 149 víctimas, 25 más (20%)
  • Secuestros: 276 víctimas, 60 más (38%)
  • Extorsión: mil 240 víctimas, 355 casos más (40%)
  • Robo en general: 127 mil 933 carpetas de investigación, 5 mil 628 más (4%)
  • Narcomenudeo: 10 mil 272 carpetas de investigación, mil 614 más (19%)

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Los aciertos y desaciertos

El gobierno de AMLO, con el apoyo de los legisladores del partido oficial, Morena, han impulsado la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que estará conformado por elementos de la policía militar, la policía naval y la policía federal que busca alcanzar los 150 mil elementos a lo largo del sexenio para “pacificar al país”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el cuerpo de seguridad servirá para hablarle “al tú por tú” al crimen organizado, además de que “será un modelo internacional como institución de seguridad”.

“Quienes critican la Guardia Nacional bajo el argumento de la militarización pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza. Esa preocupación se debe mucho al recelo histórico de las organizaciones sociales hacia anteriores gobiernos”, dijo el pasado 17 de diciembre en el Senado de la República.

El 6 de febrero, Durazo informó que se dará prioridad a 17 regiones, que abarcan municipios del mismo número de estados, a las que se enviarán 600 elementos federales para reducir los índices de homicidios.

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Mientras se concreta la reforma constitucional para que el ejército tenga atribuciones en materia de seguridad pública, el gobierno ya ha tomado medidas en ciudades con altos índices de violencia. Este año envió a elementos del ejército y la Policía Federal a las ciudades fronterizas de Tijuana —mil 800 elementos— y Ciudad Juárez —600 elementos—, así como a destinos turísticos como Acapulco y Cancún.

Los resultados no han sido los ideales. Hace unos días, el presidente reconoció que la violencia no ha disminuido en algunas regiones.

“Hemos podido bajar la incidencia delictiva en Tijuana, no así en otras partes. (...) En Tijuana, llegaron a haber hasta 20 homicidios diarios y que hemos logrado una disminución considerable porque se inició un operativo en especial. Pero en Juárez, que iniciamos el operativo después de Tijuana, todavía no podemos lograr una disminución en la incidencia delictiva, hablando de la frontera. En centros turísticos, no hemos podido bajar la incidencia delictiva en Cancún, sí en Acapulco”, dijo el presidente el viernes pasado.

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De Paz y Rivas coinciden en que esta estrategia no es novedosa y que es necesario entender la diferencia entre el tipo de crímenes que se cometen en cada región. Alfonso Durazo señaló que, a diferencia de la anterior administración, los efectivos de seguridad permanecerán en la zona por largo tiempo.

Rivas advierte que esa medida no es garantía de que se reduzcan los índices de violencia. “Guerrero y Tamaulipas tiene presencia federal que hace 10 años, ¿están mejor que hace diez años? La respuesta es no”.

Helden De Paz, maestra en Combate a la Delincuencia Organizada y Terrorismo por la University College London, señala que aún existen muchos retos, pues “no está clara la ruta” que se seguirá la Guardia Nacional

Como ejemplo, menciona la dificultad que puede presentar el reclutamiento: “Yo me pongo en el lugar de alguien de la Policía Federal, qué incentivos tiene para ser parte de la Guardia Nacional cuando ya te vendieron que el país está mal, cuando tienes altas expectativas por cubrir, pero tu salario y tus prestaciones son pésimas”.

El mismo Durazo señaló a finales de febrero que cada uno de los elementos de la Policía Federal que pase a la Guardia Nacional, lo haría con todos sus derechos y prestaciones, y de ser el caso, se mejoraría su condición socioeconómica.

A su vez, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), apunta a que no hay un plan que muestre cómo se va a evitar la corrupción en la Guardia Nacional, cuando el mismo presidente ha hecho acusaciones en contra de la Policía Federal. “¿Se va a limpiar nada más porque le cambiaron los uniformes?”.

Lo que hay son buenas intenciones, pero con base a lo que está, no hay nada que nos pueda llevar a afirmar que se está construyendo algo nuevo”, sostiene el director de la organización que mes con mes analiza las cifras de delitos de alto impacto.

El combate al huachicoleo

Antes que los actos de desaparición forzada o el narcotráfico, la primera acción contundente del gobierno ha sido el combate al robo de combustibles. Helden De Paz señala que si bien es positivo que se reconozca la magnitud del problema —el robo de combustible representa 60 mil millones de pesos al año—, la estrategia fue un desacierto por el desabasto que generó el cierre de ductos en varios estados del país.

El desabasto de las gasolinas registrado desde mediados de diciembre de 2018 y durante enero de 2019 fue uno de los factores que tomó en cuenta el Banco de México (Banxico) para reducir la expectativa de crecimiento económico para este año.

El pasado 19 de febrero, el Congreso avaló ampliar el catálogo de delitos que permite encarcelar a las personas sin demostrar su responsabilidad y enfrentar el proceso en prisión; antes de la reforma eran seis y se amplió a 18.

Ahora serán sometidos a prisión preventiva quienes sean acusados de uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, feminicidio, delitos en materia de hidrocarburos y contra la Ley de Armas de Fuego, abuso y violencia sexual contra menores, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y también la cometida por particulares.

Los analistas apuntan a que esta medida, lejos de inhibir los delitos, podría llevar a más personas inocentes a la cárcel ante la falta de capacidades y voluntad de investigar por parte de los ministerios públicos del país.

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Helden De Paz agrega que el tema de la disposición de armas de fuego está abandonado. México tiene una de las políticas más restrictivas en armas de fuego y, aún así, mucha gente las tiene. De los 5 mil 699 homicidios dolosos de diciembre y enero pasados, 4 mil 214 fueron cometidos con algún tipo de arma de fuego, el 74%.

La reducción de los homicidios dolosos “es una de las pruebas de fuego para Andrés Manuel porque al final los muertos de cada día, son los muertos de su administración”, señala la experta.