La agente de tránsito Lorena Yaritza Montiel, de 26 años, se encontraba parada junto a su motocicleta abajo del desnivel de la carretera Miguel Alemán y el entronque hacia Pesquería, Nuevo León. Un video captó el momento en que un hombre se acercó y le disparó, entonces ella sacó su arma para defenderse y todavía corrió tras el agresor. La oficial murió más tarde en el hospital.

Este caso, ocurrido el pasado el 22 de abril, es solo uno de los varios ataques en contra de agentes que se han registrado en la entidad en las últimas semanas y un botón de muestra de la crisis de violencia por las altas tasas de homicidios que atraviesa la entidad a cargo —desde 2015— del único gobernador sin partido en México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

Nuevo León tuvo este 2019 el primer trimestre con mayor número de homicidios dolosos de los últimos siete años: entre enero y marzo al menos 263 personas fueron asesinadas, lo que representa poco mas del doble de un año atrás, cuando se registraron 129 víctimas según lo que reporta la Fiscalía General de Justicia del Estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

La cifra coloca a Nuevo León como la entidad con el mayor aumento de homicidios dolosos de un año a otro y la cifra se asemeja a los inicios de 2011 y 2012, años que dejaron cerca de 3 mil 500 víctimas de asesinato y tragedias como el atentado de Los Zetas al Casino Royale y la masacre de migrantes en Cadereyta.

En los siguientes años vino una tendencia a la baja en el delito que en 2015 alcanzó su mínimo de víctimas a lo largo del año, con 450.

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El gobernador anunció en marzo pasado la compra de un dron de 54 millones de pesos para apoyar en tareas de seguridad; la compra fue cuestionada por su elevado costo. Foto; Facebook/Jaime Rodríguez Calderón
El gobernador anunció en marzo pasado la compra de un dron de 54 millones de pesos para apoyar en tareas de seguridad; la compra fue cuestionada por su elevado costo. Foto; Facebook/Jaime Rodríguez Calderón

La Fuerza Civil

A inicios de 2010, los empresarios comenzaron a apoyar al gobierno en materia de seguridad y en 2011 se creó la Alianza por la Seguridad, en la que participaron universidades y representantes de la sociedad civil con el fin de reconfigurar la estrategia estatal de seguridad.

Fue en septiembre de 2011 que el entonces gobernador Rodrigo Medina presentó la Fuerza Civil.

“Aquí hay que hacer un amplio reconocimiento al sector empresarial que aportó recursos importantes no solo en términos económicos sino conocimiento para generar la Fuerza Civil", señaló en entrevista Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), organización que analiza la incidencia delictiva en los estados y el país.

Fue después de 2015, año de la llegada del Bronco al poder, cuando la violencia se recrudeció nuevamente.

Al respecto, Carlos Treviño Vives, investigador de la organización Causa en Común, considera que la policía estatal ha sido “descuidada” y, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Policial desarrollado por la organización, la Fuerza Civil tiene las siguientes deficiencias:

  • No hay evidencia de la existencia de un catálogo que contenga los perfiles para cada puesto en la policía estatal
  • No se imparten capacitaciones sobre uso de la fuerza
  • Se aplican medidas cautelares sin goce de sueldo a policías en proceso de investigación y los uniformados no cuentan con un régimen complementario de seguridad social
  • Hay 10 mandos sin certificación vigente y, a pesar de que desde el 2016 se reportaron 288 elementos sin certificado vigente, en 2017 y 2018 no se han reportado bajas

Treviño Vives señaló que el caso de la Fuerza Civil es “algo muy común en todas las corporaciones" y una muestra de que usar un proyecto de seguridad “como bandera política” deriva en que "lo que se estaba haciendo bien se quede sin continuidad”.

Aparentemente, el gobierno de Nuevo León intenta retomar un proyecto similar al de su antecesor, pues el pasado 3 de septiembre se presentó la Mesa Metrópoli Monterrey, a la que acudieron alcaldes de la zona metropolitana, diputados locales, representantes de grupos civiles, empresarios y académicos para trabajar una agenda de seguridad y justicia.

“Esperemos que lo tomen en serio y todos los actores involucrados se sienten para darle el impulso que necesita la Fuerza Civil”, apunta Treviño, también académico.

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La guerra entre grupos criminales

El año 2018 cerró con 746 víctimas de homicidio doloso y alrededor del 77% de los asesinatos cometidos en el primer trimestre de este año se concentran en 10 municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Cadereyta, Santa Catarina, Escobedo, García, Benito Juárez, Salinas Victoria y Monterrey).

A finales de marzo, la agencia Stratford resaltó el anuncio del Cártel del Noroeste —una escisión de Los Zetas—, de pelearle al Cártel del Golfo y a los Beltrán Leyva el control de Monterrey. Y aunque la agencia privada de inteligencia sostenía que era posible que solo se tratara de amenazas mediáticas, también alertaba que de ser “sinceras”, se “podría producir una escalada significativa de violencia”.

Días después, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci, reconoció que cinco organizaciones criminales operan en esa zona: el Cártel del Noreste, el Cártel de Golfo, los Zetas, los Beltrán Leyva y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y atribuyó la violencia a un reajuste en sus operaciones.

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Menos recursos por parte del gobierno federal

El gobierno federal disminuyó los recursos para apoyo a la seguridad en municipios, recorte que afectó a Nuevo León. Foto: Facebook/Jaime Rodríguez Calderón
El gobierno federal disminuyó los recursos para apoyo a la seguridad en municipios, recorte que afectó a Nuevo León. Foto: Facebook/Jaime Rodríguez Calderón

Francisco Rivas apunta que si bien el “desmantelamiento” de la Fuerza Civil es un factor que incidió en el aumento de la violencia, las acciones del gobierno federal también influyen.

El experto señala como ejemplo de ello la disminución de recursos federales para apoyar a los municipios en materia de seguridad: este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó 118 millones 569 mil 467 pesos para los nueve municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, pero el año pasado se asignaron 147 millones 93 mil 962 pesos para beneficiar a 12 municipios.

“Es una mala noticia, si se está buscando fortalecer procuradurías y policías, pues no puede ser de esta manera”, apunta el experto en seguridad.

El gobierno federal estableció como parte de su estrategia la atención a 17 zonas prioritarias para reducir los homicidios dolosos, donde se incluye a Monterrey y Escobedo, y parte de las primeras medidas fue enviar efectivos federales.

A la par, se encuentra en proceso de reclutamiento de los integrantes de la Guardia Nacional, cuerpo que, de acuerdo con Rivas, no tiene un proyecto claro: "Tan es así que ya está operando (en Veracruz) sin las leyes reglamentarias, como si la normativa de una institución no fuera importante (...) de un día a otro nada más les pusieron un ribete diferente y ahora son Guardia Nacional”.

“Ya estamos muy cerca de una ola violenta como la de hace años (...), es decir, el país ha venido empeorando de una forma significativa, por lo que que la situación debe ser considerada como crítica y debe de ser atendida con la mayor de las urgencias y sentido de la responsabilidad, echando mano de la experiencia de lo que se ha hecho”, concluye el director del grupo civil.